Un misterioso incendio en su vivienda en Ucayali, desapareció documentos y computadoras con información importante que manejaba la arquitecta holandesa, Mariska Van Dalfsen quien trabaja como docente de la Universidad Intercultural de la Amazonía y realiza labores de activismo y defensa de los derechos de los pueblos amazónicos vulnerados por empresas extractivas.

Lo llamativo del siniestro, es que testigos afirman haber visto a una persona lanzando un artefacto que provocó el incendio en la vivienda hecha de madera, sin embargo la policía de Pucallpa registró en la denuncia, que la causa del fuego por un cortocircuito en las conexiones eléctricas de la casa.

Las computadoras desaparecidas pertenecen a la ONG Warmayllu, para la cual colaboraba Van Dalfsen. Warmayllu es una Asociación Civil que trabaja desde el 2002 con escuelas rurales y urbano marginales en Cajamarca (Norte), Lima (Costa), Andahuaylas (Sur), San Martín y Pucallpa (Amazonía), promoviendo la educación intercultural basada en el arte a nivel inicial, primario y secundario.

Resulta más que llamativo que se produzca este hecho contra una activista de los derechos de las comunidades amazónicas en nuestro país y que las autoridades policiales en vez de aclarar el hecho insistan en colocar trabas y utilizar opciones que buscan cerrar de forma rápida el hecho sin generar incomodidades.

Para el CAPS este ataque no es más que otro efecto de la impunidad con la que ciertos grupos actúan para desterrar a todo aquel que se oponga a la invasión desmedida de los territorios de las comunidades originarias de nuestro país.

Estamos en una situación, donde la legislación no permite que las comunidades sean consultadas sobre el futuro del uso de sus tierras que por siglos le han pertenecido. Sin una Ley de Consulta Previa sigue resultando imposible reconocer a los pobladores de la Selva como peruanos y peruanas sujetos de derecho.

Rechazamos el atentado del cual ha sido víctima la arquitecta Mariska Van Dalfsen y exhortamos a las autoridades competentes que se empeñen en aclarar estos hechos y se garantice la vida e integridad física de quienes desarrollan labores de apoyo y defensa de derechos humanos.